La transición energética avanza en Euskadi a buen ritmo. Se habla de energías renovables, electrificación del transporte y objetivos climáticos ambiciosos. Sin embargo, más allá de los grandes titulares, hay una cuestión que preocupa cada vez a más hogares: el impacto real que este proceso tiene en la economía doméstica.
En 2024, la factura energética media de un hogar vasco superó los 2.100 euros anuales. Una cifra que incluye tanto el gasto en electricidad como, en gran medida, el destinado a carburantes. Para muchas familias, esta cantidad no es un dato abstracto, sino una carga mensual que condiciona decisiones básicas del día a día.
Las diferencias según el nivel de renta son claras. Los hogares con menos ingresos destinan más del 4 % de su gasto total a la electricidad, mientras que en los hogares de mayor renta este porcentaje se sitúa en torno al 1,5 %. Esta brecha no se explica porque las rentas más bajas consuman más energía, sino porque parten de peores condiciones de partida.
En general, los hogares con menos recursos viven en viviendas más antiguas y menos eficientes, con peor aislamiento térmico, sistemas de calefacción obsoletos y electrodomésticos de bajo rendimiento. Para alcanzar unas condiciones mínimas de confort necesitan gastar más energía, pero al mismo tiempo tienen menos capacidad económica para invertir en mejoras que reducirían el consumo a medio y largo plazo, como el aislamiento, el cambio de ventanas o la sustitución de equipos.
A ello se añade que una parte importante de la factura eléctrica está compuesta por costes fijos —potencia contratada, peajes e impuestos— que apenas dependen del consumo. Estos costes pesan proporcionalmente mucho más en los presupuestos de las rentas bajas, de modo que incluso reduciendo al máximo el consumo la electricidad sigue suponiendo un esfuerzo elevado.
Por el contrario, los hogares con mayor renta suelen residir en viviendas más eficientes y tienen mayor capacidad para invertir en rehabilitación energética, autoconsumo o electrodomésticos eficientes. Esto reduce el peso relativo de la electricidad en su gasto total, aunque su consumo absoluto pueda ser incluso mayor.
El lugar de residencia refuerza estas desigualdades. En muchas zonas rurales o periféricas, donde se concentran hogares con rentas más bajas, la antigüedad del parque de viviendas y la falta de alternativas energéticas o de movilidad incrementan el coste de vida y dificultan la adaptación a la transición energética.
A estas dificultades se suma un fenómeno menos visible pero muy extendido: el bajo consumo involuntario. Muchas personas reducen la calefacción, limitan el uso de electrodomésticos o renuncian al confort térmico por miedo a la factura. Este esfuerzo forzado no siempre aparece en las estadísticas y puede dar una imagen distorsionada de eficiencia que oculta situaciones de vulnerabilidad.
Nada de esto significa que la transición energética no sea necesaria. Reducir emisiones y avanzar hacia un modelo más sostenible es imprescindible. Pero el camino elegido importa. Si no se corrigen estas desigualdades de partida, el esfuerzo recaerá de forma desproporcionada sobre quienes menos capacidad tienen para asumirlo.
La transición energética no puede medirse solo en términos tecnológicos o ambientales. Su verdadero éxito dependerá de si consigue mejorar la vida de las personas y reducir desigualdades, especialmente entre quienes cuentan con menos recursos.
Ana Alzaga- Secretaria General UCE EUSKADI
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